Consejo de Estado admite demanda contra decreto que amplía facultades de la Agencia Nacional de Tierras

El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Decreto 765 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que amplía las competencias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en los procesos de adquisición, formalización y saneamiento de predios destinados a la reforma agraria.

La acción judicial fue presentada por el abogado Andrés Ávila Ávila, quien sostiene que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al regular materias que, por su naturaleza, deberían ser tramitadas mediante una ley aprobada por el Congreso de la República.

¿Qué establece el decreto?

Uno de los puntos que ha generado mayor controversia es que el decreto autoriza a la ANT a ordenar el levantamiento de embargos y otras medidas cautelares sobre los predios que adquiera para la reforma agraria, incluso cuando esas restricciones hayan sido impuestas por autoridades judiciales.

Además, la norma permite que los registradores de instrumentos públicos ejecuten esas decisiones dentro del mismo trámite administrativo.

Para los demandantes y algunos sectores jurídicos, estas disposiciones podrían representar una invasión de competencias que corresponden exclusivamente a los jueces.

La demanda también cuestiona la posibilidad de abrir nuevos folios de matrícula inmobiliaria sin incorporar algunas cargas preexistentes y la creación de nuevos mecanismos registrales.

Solicitan suspensión provisional

Junto con la demanda, el abogado solicitó al Consejo de Estado decretar una medida cautelar para suspender de manera inmediata los efectos del Decreto 765 de 2026.

Según el demandante, existe urgencia porque la Superintendencia de Notariado y Registro tiene plazo hasta el 25 de julio para habilitar el código registral correspondiente a la denominada "administración anticipada", lo que podría generar actuaciones administrativas difíciles de revertir en caso de que posteriormente el decreto sea declarado nulo.

Ahora será la Sección Primera del Consejo de Estado la encargada de decidir, en una primera etapa, si suspende provisionalmente la aplicación de la norma mientras avanza el estudio de fondo sobre su legalidad.

La respuesta del Gobierno

Frente a las críticas, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras defendieron el decreto mediante un comunicado conjunto.

Las entidades aseguraron que la norma no crea nuevas competencias para la ANT, sino que reglamenta mecanismos ya contemplados en la Ley 160 de 1994, con el propósito de agilizar los procesos de adquisición, saneamiento y formalización de predios destinados a la reforma agraria.

El Gobierno también sostuvo que la figura del saneamiento automático ya existe en otros ámbitos del ordenamiento jurídico colombiano y afirmó que el decreto no elimina los derechos de terceros, ya que las acciones judiciales y las reclamaciones de indemnización continúan vigentes y podrán ejercerse contra los propietarios registrados, incluida la propia ANT cuando corresponda.

Reforma agraria, bajo la lupa

La discusión jurídica se produce en un momento clave para la implementación de la reforma agraria impulsada por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con cifras oficiales, la administración aún está lejos de cumplir la meta de adquirir un millón de hectáreas durante el cuatrienio. A esto se suman advertencias de organismos de control sobre retrasos en los procesos de compra, formalización y entrega de predios.

La decisión que adopte el Consejo de Estado será determinante para establecer el alcance de las facultades de la Agencia Nacional de Tierras y el futuro de uno de los instrumentos más controvertidos de la política de reforma agraria.

La alta corte estudiará la legalidad del Decreto 765 de 2026, mientras analiza una solicitud para suspender provisionalmente sus efectos. La norma ha generado un amplio debate por las facultades que otorga a la ANT en los procesos de reforma agraria.