Gobierno entrega a órganos de control informe con 82 presuntos casos irregulares

En el marco del Día Nacional contra la Corrupción, el Gobierno Nacional entregó a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría el denominado Libro de la Verdad, elaborado a partir del proceso de empalme con la administración anterior.

El documento contiene 82 actuaciones que, según el Ejecutivo, presentan posibles irregularidades y que ahora deberán ser analizadas por los organismos de control y las autoridades judiciales.

Nueve patrones identificados

El equipo señaló nueve comportamientos que considera críticos: debilitamiento de los procesos técnicos, sistemas tecnológicos obsoletos, distorsión de la información pública, baja ejecución de recursos, concentración de contratos, aumento del riesgo de demandas contra el Estado, pérdida de capacidad operativa, falta de coordinación entre entidades y restricciones fiscales derivadas del manejo de los recursos públicos.

Contratos y programas sociales bajo la lupa

Entre los casos expuestos aparece FonIgualdad, donde se cuestionaron contratos por 140 mil millones de pesos con una empresa temporal y otros 68 mil millones suscritos mientras la entidad avanzaba hacia su liquidación.

También se advirtió sobre la situación del programa Colombia Mayor. De acuerdo con el informe, los recursos asignados para todo el año habrían sido agotados en julio, lo que dejaría comprometida la atención de cerca de tres millones de adultos mayores durante los meses restantes.

Cuestionamientos a la Cancillería

Otro de los hallazgos corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. El equipo de empalme reportó 785 contratos por 83 mil millones de pesos y cuestionó modificaciones en los requisitos para representar al país en el exterior.

A esto se sumaron gastos por 8.500 millones de pesos relacionados con sedes temporales, según la información presentada por el Gobierno.

Procesos millonarios suspendidos

El informe también puso la lupa sobre proyectos de gran valor económico. Uno de ellos fue el proceso para diseñar, construir y operar una planta desalinizadora en Santa Marta, que comprometía recursos cercanos a 786 mil millones de pesos.

El trámite fue suspendido por la Procuraduría luego de una solicitud de intervención presentada por el equipo anticorrupción.

También fue suspendida una sesión del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación que tenía previsto definir proyectos financiados con cerca de 900 mil millones de pesos.

Reforma agraria y entrega de tierras

Otro de los casos señalados está relacionado con la adquisición de predios para la reforma agraria. El Gobierno aseguró que la Agencia Nacional de Tierras desembolsó cerca de un billón de pesos dentro de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales.

Según el análisis presentado, de 537 predios previstos para titular durante 2025, solamente tres quedaron con el registro de propiedad debidamente formalizado. El caso fue llevado ante la Fiscalía y la Procuraduría.

Caminos Comunitarios

En los llamados Caminos Comunitarios para la Paz se identificaron recursos por más de 612 mil millones de pesos destinados a las Juntas de Acción Comunal.

El equipo anticorrupción señaló que hubo baja ejecución y casos en los que los recursos fueron girados en su totalidad pese a que las obras no presentaban avances físicos. Por este motivo también se presentaron denuncias ante las autoridades.

Señalamientos sobre la UNGRD

Uno de los capítulos más sensibles corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El informe indicó que durante los cuatro años del anterior gobierno la entidad habría ejecutado solamente el 4,3 por ciento de su presupuesto. Además, señaló giros por 856 mil millones de pesos y dificultades para establecer el destino de 1,38 billones de pesos.

El informe no cierra las investigaciones

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Libro de la Verdad no representa el final del proceso. La tarea, afirmó, continuará con la identificación de nuevos casos y patrones que puedan ser puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

La entrega del documento abre ahora una nueva etapa, en la que serán los organismos de control y las autoridades judiciales los encargados de determinar si los hallazgos configuran responsabilidades administrativas, fiscales o penales.

El documento reúne hallazgos detectados durante el empalme y plantea nueve patrones de comportamiento que serán puestos bajo la lupa de las autoridades.