Gremios piden retirar decreto que cambiaría reglas para plataformas de alojamiento turístico

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) solicitaron al Ministerio de Comercio retirar el segundo borrador del decreto que modificaría el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo y las condiciones para las plataformas digitales que ofrecen servicios de alojamiento, como Airbnb.

Los gremios consideran que el proyecto crea nuevas obligaciones sin suficiente sustento técnico, jurídico y económico. Además, advierten que podría generar inseguridad jurídica, exceder la facultad reglamentaria del Gobierno y afectar la estabilidad normativa para las plataformas, los prestadores de servicios turísticos y los inversionistas.

Las organizaciones recordaron que participaron en más de diez mesas técnicas para construir una regulación acorde con la Ley 2068 de 2020, que modernizó el sector turístico. Sin embargo, aseguran que varias de las observaciones presentadas no fueron incorporadas en el nuevo borrador.

Entre sus principales preocupaciones está que el decreto trasladaría a empresas privadas funciones de inspección, vigilancia y control que, por ley, corresponden a las autoridades competentes. También sostienen que la propuesta modifica aspectos definidos previamente por el Congreso.

No obstante, la iniciativa también cuenta con respaldo dentro del sector turístico. La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) considera que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer las reglas del mercado y garantizar condiciones más equitativas para todos los actores que prestan servicios de alojamiento en el país.

Los gremios solicitaron abrir un nuevo espacio de concertación con el Ministerio de Comercio para revisar el texto, incorporar las observaciones técnicas y construir una regulación que fortalezca el turismo digital sin afectar la competitividad, la innovación, la inversión ni el trabajo de miles de emprendedores y familias que dependen de esta actividad.

La propuesta del Gobierno generó posiciones divididas entre organizaciones empresariales y el sector hotelero por sus posibles efectos sobre el turismo digital en Colombia.