Tribunal frena decreto del Gobierno que buscaba reorganizar las EPS en Colombia

La decisión se adoptó mediante una medida cautelar al considerar que la implementación inmediata del decreto podría generar traslados masivos de afiliados entre las empresas promotoras de salud (EPS), lo que pondría en riesgo la estabilidad del sistema y la capacidad de atención a los usuarios.

La iniciativa hacía parte de las estrategias impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro para modificar el modelo sanitario mediante un enfoque poblacional y territorial, propuesta que ya había sido discutida en el marco de la reforma a la salud que no logró avanzar en el Congreso de la República.

El magistrado Daniel Montero explicó que la suspensión tiene un carácter preventivo mientras se estudia el fondo del proceso. Será a través de una sentencia posterior cuando el alto tribunal determine si el decreto puede entrar en vigencia o debe quedar definitivamente sin efecto.

Entre los argumentos evaluados por el tribunal también se mencionó que la territorialización del sistema podría limitar la libertad de los pacientes para escoger la entidad prestadora de los servicios de salud, un principio que ha sido clave en el funcionamiento del modelo actual.

El decreto establecía además nuevas reglas sobre la permanencia de las EPS en los territorios según su número de afiliados y su participación en cada departamento, con el objetivo de corregir fallas estructurales del sistema, reducir la fragmentación y mejorar la cobertura.

La suspensión de esta medida genera repercusiones en todo el país, incluida Bogotá, donde millones de usuarios dependen de las EPS para la atención médica y donde cualquier cambio en el modelo de aseguramiento tendría impacto directo en el acceso a los servicios de salud.

El Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió de manera temporal la aplicación del decreto 0182 de 2026, una medida con la que el Gobierno pretendía reorganizar el sistema de aseguramiento en salud en el país.