Defensoría alerta riesgos legales por zonas temporales para grupos armados

La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó un fuerte llamado de atención al Gobierno nacional frente a la creación de las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), mecanismo contemplado dentro de la política de “paz total” y que permitiría suspender órdenes de captura contra integrantes de grupos armados en negociación.

A través de un documento oficial, la entidad reconoció que el presidente Gustavo Petro tiene la facultad institucional para adoptar este tipo de medidas, pero dejó claro que esa competencia no es ilimitada y debe estar acompañada de controles jurídicos, criterios claros y protección efectiva a las comunidades afectadas.

La Defensoría insistió en que las ZUT solo deberían implementarse cuando exista un estado avanzado en los procesos de paz, es decir, cuando haya señales verificables de desarme, desmovilización y reintegración de los integrantes de las estructuras ilegales. Sin embargo, advirtió que actualmente no existe evidencia suficiente que permita concluir avances sólidos con grupos como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo, Comuneros del Sur o el EMBF.

El pronunciamiento también pone la lupa sobre los posibles impactos humanitarios en regiones históricamente golpeadas por la violencia, como Tibú, en Norte de Santander, o Mallama, en Nariño. Según la entidad, la concentración de integrantes armados en estos territorios podría generar nuevos riesgos para la población civil si no existen mecanismos efectivos de verificación y control.

Además, la Defensoría alertó sobre posibles afectaciones a los derechos de comunidades étnicas y raizales asentadas en las zonas donde podrían establecerse estas áreas temporales. Por eso, pidió que cualquier decisión incluya procesos de consulta previa y garantías que vayan más allá de simples requisitos formales.

En su conclusión, la entidad le exigió al Gobierno sustentar técnicamente cada decisión relacionada con las ZUT y evaluar previamente los riesgos antes de autorizar traslados o concentraciones de integrantes de grupos armados.

La entidad advirtió que las Zonas de Ubicación Temporal no pueden convertirse en decisiones discrecionales del Gobierno y pidió garantías reales para las comunidades y las víctimas del conflicto.