El Gobierno nacional expidió el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, denominado Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. La norma establece disposiciones para la actuación de las autoridades durante las movilizaciones.
Entre sus principales lineamientos está la posibilidad de que la Policía intervenga ante situaciones de violencia, como agresiones, uso de explosivos y daños a la infraestructura, sin que esto implique disolver automáticamente toda la manifestación cuando otros participantes se movilicen de manera pacífica.
En materia de bloqueos viales, la norma contempla que una obstrucción temporal no justifica por sí sola la disolución de una protesta. La actuación de las autoridades debe considerar la gravedad de la situación, su duración y la existencia de alternativas para garantizar la movilidad.
El decreto también establece responsabilidades para gobernadores y alcaldes en la protección de corredores destinados al tránsito de ambulancias, misiones médicas, insumos hospitalarios y alimentos durante las jornadas de manifestación.
La expedición de esta norma se produce en medio del debate sobre las garantías para la protesta social y las facultades de la fuerza pública para preservar el orden público. El Gobierno sostiene que las medidas buscan responder a los hechos violentos sin afectar a quienes participan pacíficamente.
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