El Gobierno Nacional dejó listo el texto definitivo del borrador que modifica el Decreto 003 de 2021 sobre los protocolos de actuación institucional en la protesta social. Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca balancear el derecho constitucional a la manifestación pacífica con la garantía de la movilidad, el orden y la seguridad ciudadana.
Según detalló el ministro Rodrigo Lara, la regulación establece un modelo basado en el equilibrio constitucional, delimitando de forma precisa las conductas pacíficas frente a las violentas. Si bien situaciones como el tráfico denso o la incomodidad por marchas no serán consideradas delitos, las agresiones, el porte de armas, la retención de personas o el daño a la infraestructura provocarán la cancelación inmediata de la vía del diálogo, dando paso a la intervención de la Fuerza Pública bajo cinco niveles de reacción institucional.
Líneas rojas y rechazo de la oposición
Entre las disposiciones clave destaca la obligatoriedad de habilitar "corredores solidarios" en vías nacionales y carriles de transporte masivo como TransMilenio, con el fin de evitar bloqueos permanentes y garantizar el tránsito de misiones médicas y suministros de emergencia.
La normativa ha generado un álgido debate político en el país. Representantes de la oposición agrupados en el petrismo señalan que las medidas resultan restrictivas para el ejercicio de la movilización, mientras que la cartera de Interior defiende la legalidad del articulado asegurando que surtió las consultas exigidas y protegerá a los marchantes pacíficos de posibles infiltraciones vandálicas.
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