La denuncia, revelada en las últimas horas, expone detalles sobre presuntas irregularidades en la asignación de al menos cinco contratos estatales —cuyo valor total se aproximaría a los $100 millones de pesos en el último año— otorgados en entidades públicas a la denunciante, identificada como Deicy Jiménez.
Según el testimonio entregado a medios nacionales, el exmandatario habría utilizado su posición para direccionar puestos y recursos del Estado a cambio de encuentros íntimos, en un esquema que, de acuerdo con la declarante, presuntamente habrían replicado otras mujeres durante la administración pasada.
Reacciones y llamado a las autoridades
Tras la divulgación de las acusaciones, que incluyen videos, registros fotográficos y conversaciones, diversas organizaciones y sectores políticos han solicitado a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Acusación que inicien las pesquisas pertinentes para esclarecer la veracidad de los señalamientos y determinar responsabilidades penales y disciplinarias.
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