Procuraduría investiga a la senadora Isabel Cristina Zuleta

La decisión se conoció luego de las revelaciones publicadas por la revista Semana, en las que ocho generales, de manera anónima, aseguraron haber recibido presiones de la congresista para detener combates y operativos contra grupos armados ilegales, estructuras de narcotráfico y minería ilegal en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.

 

El propio procurador general, Gregorio Eljach, confirmó que la información publicada sirvió como base para abrir la investigación disciplinaria no solo contra la senadora Zuleta, sino también contra otras personas mencionadas en las denuncias.

 

Según explicó, para iniciar el proceso fue suficiente la información pública disponible.

 

Uno de los hechos más graves denunciados habría ocurrido el 17 de julio de 2023 en Ituango, municipio natal de la senadora. De acuerdo con los oficiales, en medio de un enfrentamiento entre el Ejército y disidencias de las Farc, Zuleta habría solicitado que se detuviera la operación, argumentando que se trataba de mineros, pese a que —según los militares— se trataba de hombres armados y uniformados, incluso con presencia de menores de edad.

 

El procurador aclaró que, por ahora, la investigación disciplinaria no está directamente relacionada con el denominado “tarimazo” ocurrido en Medellín, aunque no descartó que puedan encontrarse conexiones en el curso del proceso.

 

Este nuevo episodio se suma a otros cuestionamientos recientes contra la senadora. Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema inadmitió una denuncia que buscaba investigarla por presunta interferencia para evitar capturas relacionadas con el “tarimazo”, uno de los magistrados dejó un salvamento de voto al considerar que sí existían elementos suficientes para abrir una investigación preliminar.

 

Zuleta ha sido una de las figuras designadas por el Gobierno nacional como mediadora en diálogos sociojurídicos con estructuras criminales en Medellín, un rol que ahora queda bajo la lupa de los organismos de control.

Esto tras denuncias que la señalan de presuntamente dar órdenes a generales del Ejército y la Policía para frenar operativos contra estructuras criminales en Antioquia.