¿Riesgo fiscal para la reforma pensional?

• El panorama económico para la implementación de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, enfrenta un nuevo obstáculo de carácter fiscal. Según una comunicación oficial enviada por el Ministerio de Hacienda a la Corte Constitucional, las finanzas públicas carecen actualmente de los recursos necesarios para cubrir los costos adicionales que implicaría poner en marcha el nuevo sistema en 2027.

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De acuerdo con el desglose entregado por la cartera económica, existe un déficit estimado de $5,4 billones exclusivamente para las transferencias a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) orientadas a respaldar el pilar contributivo y semicontributivo. A esto se suma un faltante cercano a los $10,85 billones (descontando aportes del Fondo de Solidaridad Pensional) que se requerirían para fondear en su totalidad el ambicioso pilar solidario, el cual proyecta cobijar a unos 4,6 millones de adultos mayores con un bono mensual cercano a los $258.000. En total, las cifras rojas superan los $16,2 billones no contemplados en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN).

El gobierno explicó que esta brecha presupuestal se originó porque el fallo del alto tribunal que avaló la entrada en operación del modelo para abril de 2027 se conoció apenas días antes de radicarse el presupuesto definitivo en el Congreso, momento en el cual la norma se encontraba suspendida. Ante este escenario, la administración central busca que la Corte modere los plazos de aplicación para evitar poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, mientras la Cámara de Representantes avanza en el debate de los nueve apartes devueltos por el tribunal.