El planteamiento fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella durante la alocución televisada del domingo 27 de septiembre. El mandatario pidió a la justicia evaluar mecanismos de negociación para personas investigadas por hechos de corrupción.
Según explicó, quienes colaboren eficazmente con las autoridades podrían acceder a beneficios contemplados dentro de la legislación, a cambio de entregar pruebas e información sobre otras personas presuntamente involucradas.
De La Espriella hizo la propuesta al referirse a investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno y mencionó, entre otros asuntos, la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, relacionada con el caso de la UNGRD.
El mandatario también pidió a las personas que actualmente están privadas de la libertad, investigadas o que eventualmente sean procesadas, que entreguen información sobre posibles cómplices y contribuyan al esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, la eventual aplicación de beneficios judiciales no corresponde directamente al presidente. Cualquier negociación deberá adelantarse dentro de los mecanismos establecidos por la legislación colombiana y ser definida por las autoridades judiciales competentes.
Las afirmaciones del mandatario sobre presuntos hechos de corrupción deberán ser establecidas dentro de las respectivas investigaciones y procesos judiciales, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
La propuesta queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si los mecanismos previstos en la legislación pueden aplicarse a los investigados que decidan colaborar y bajo qué condiciones.
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