En una de las ofensivas judiciales más grandes del año contra la delincuencia organizada y los delitos financieros, las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 38 inmuebles ubicados en la capital del país y municipios aledaños.
El operativo fue desarrollado de manera coordinada por la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Según el reporte oficial, el avalúo comercial de los bienes intervenidos supera los 379.000 millones de pesos.
El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada 13, confirmó que de las 38 propiedades:
21 están en Bogotá: ubicadas estratégicamente en sectores comerciales y residenciales como Unicentro y Toberín. Entre los establecimientos intervenidos se destacan locales comerciales ligados a las reconocidas marcas de moda Koaj y Lili Pink.
17 están en zonas rurales de Cundinamarca: localizadas en municipios como Tabio, Tenjo, Funza y La Calera.
El objetivo judicial de suspender el derecho de disposición sobre estos bienes es impedir que sean vendidos, traspasados o comercializados mientras avanzan los procesos penales correspondientes.
Este nuevo paquete de medidas cautelares se suma a las actuaciones previas de la Fiscalía. En días pasados, el ente fiscalizador ya había anunciado el embargo de otros 45 predios de la cadena Lili Pink por más de 184.000 millones de pesos.
Las investigaciones señalan el presunto uso de empresas fachada para el ingreso de mercancía de contrabando y el blanqueo de capitales. Las estimaciones de las autoridades indican que las operaciones ilícitas ligadas a esta red superarían los COP $730.000 millones por lavado de activos, $430.000 millones por enriquecimiento ilícito y más de $75.000 millones por contrabando.
La administración de las propiedades quedó a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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