Con una amplia votación de 20 a favor y solo dos en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate el proyecto de ley conocido como "anticapuchos", una iniciativa que busca endurecer drásticamente las sanciones para quienes delinquen bajo el anonimato durante las protestas ciudadanas.
El propósito central de la norma es frenar la infiltración violenta en las marchas. Según explicó el representante Jaime Arizabaleta, autor de la propuesta, la ley no prohíbe el uso de capuchas por sí mismo, sino que establece tres factores concurrentes para configurar el delito: ocultar la identidad, participar en una protesta y cometer un acto vandálico o delictivo.
Penas severas y fin de la excarcelación
Por su parte, el representante Jorge Triana detalló que las condenas superarán los cuarenta meses de prisión efectiva. Además, la legislación contempla agravantes que elevarán las penas si las agresiones o destrozos afectan infraestructura crítica como hospitales, sistemas de transporte masivo o redes de servicios públicos.
Adicionalmente, el coautor del proyecto, el representante Julio César Triana, confirmó que la norma elimina el beneficio de excarcelación, endureciendo de igual forma las sanciones para aquellos que bloqueen las vías del país.
Voces de alerta desde la oposición
La aprobación no estuvo exenta de controversia. Sectores de la oposición encendieron las alarmas; la representante Ana Erazo advirtió que la medida podría criminalizar la protesta social. Su principal reparo radica en el riesgo de que un manifestante pacífico que cubra su rostro para protegerse de los gases lacrimógenos sea judicializado injustamente si se presentan desmanes en su entorno.
Tras superar esta primera prueba legislativa con éxito, al proyecto le restan tres debates en el Congreso: deberá pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente surtir su trámite en el Senado de la República.
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