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Sancionan dura Ley de Sometimiento

El presidente Abelardo De La Espriella firmó la nueva Ley de Sometimiento, sepultando la anterior política de paz. La norma elimina diálogos, mantiene extradiciones y endurece penas para estructuras criminales.

Sancionan dura Ley de Sometimiento
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Con la firma del presidente Abelardo De La Espriella, entró oficialmente en vigor la nueva Ley de Sometimiento a la Justicia, un marco jurídico que marca un giro radical en la política de seguridad del país y deja atrás la denominada "paz total". Tras dar vida jurídica a la norma, el jefe de Estado fue enfático en señalar a través de sus redes sociales que "la falsa paz total llegó a su fin".

 

El proyecto fue aprobado de manera expedita por el Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, superando los debates necesarios justo antes de que venciera la antigua Ley de Orden Público. Como ajuste relevante frente al texto original que planteaba una vigencia de una década, la nueva ley estará activa durante un periodo inicial de cuatro años.

 

Reglas estrictas y fin de los diálogos

 

El ministro de Justicia, Iván Cancino, detalló que el cambio en las reglas de juego es absoluto. A partir de ahora se suprimen las mesas de negociación y el reconocimiento político para los grupos armados ilegales. Quienes deseen acogerse a la justicia deberán enfrentar condiciones rigurosas:

 

  • Cabecillas: Tendrán una rebaja máxima del 30% en sus penas, pero se les impone un cumplimiento efectivo mínimo de diez años de prisión.

  • Integrantes de base: Podrán recibir reducciones de hasta el 50% en sus condenas.

  • Requisitos innegociables: Para acceder a cualquier beneficio, los criminales deben entregar la totalidad de sus armas y bienes ilícitos, delatar las redes de sus estructuras y garantizar la reparación económica a las víctimas. En delitos como el lavado de activos, se exigirán seis años de cárcel efectiva previos a cualquier trato diferenciado.

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Líneas rojas inamovibles

 

La nueva legislación establece vetos tajantes. Los responsables de reclutar menores de edad quedan completamente excluidos de cualquier beneficio judicial. Asimismo, como mecanismo de presión permanente por parte del Estado, todas las órdenes de captura y solicitudes de extradición vigentes se mantendrán activas mientras avanzan los procesos de sometimiento.

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