Colombianos gastan hasta el 90 % de sus ingresos en medicamentos, alerta la Defensoría

De acuerdo con la defensora del pueblo Iris Marín Ortiz, esta situación presenta su deterioro más significativo desde el año 2008 afectando la economía de los hogares.

 

 

 

Esta situación, indica el reporte, afecta al 90% de los pacientes encuestados en todo el país, quienes no recibieron o recibieron con retraso los medicamentos formulados, lo que los obliga a comprarlos con recursos propios. En muchos casos, esta situación significa destinar entre el 7% y el 90% de sus ingresos mensuales solo para mantener sus tratamientos, poniendo en riesgo otros derechos como la alimentación, la educación y la vivienda.

 

El informe, basado en 3.449 encuestas y el seguimiento de 1.798 casos, confirma que el 48% de las solicitudes sigue sin resolverse. Además, la Superintendencia Nacional de Salud reportó 685.000 reclamos por fallas en la entrega de medicamentos en el último año, y la Defensoría recibió más de 28.000 quejas entre enero y agosto de 2025.

 

Los medicamentos más afectados son la Metformina, el Valsartán y la Insulina Glargina, usados para tratar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. La crisis golpea con mayor fuerza a departamentos como Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés, aunque Cundinamarca se mantiene entre las regiones con un nivel medio de afectación. En esta zona, las fallas se concentran en municipios intermedios y rurales, donde las demoras en el suministro y las dificultades de transporte limitan la continuidad de los tratamientos.

 

Marín Ortiz advirtió que esta situación refleja fallas financieras y logísticas en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y los gestores farmacéuticos, y pidió una reforma consensuada al sistema de salud que garantice la equidad, la transparencia y la atención efectiva en todos los territorios.

El derecho a la salud atraviesa una crisis estructural en Colombia. Así lo revela el informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial”, en el que se advierte que millones de ciudadanos enfrentan crecientes barreras para acceder a tratamientos esenciales.

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